MITIGAR IVA - POR LA VIDA DE LIDERES Y CENTRO TRANSITORIO DE ZIPAQUIRA

Boletín 001

 
Se debe mitigar la regresividad del IVA”: MinHacienda
24 de agosto de 2018 
 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, aseguró este jueves en Cartagena, durante la instalación de la 53° convención de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), que el sector financiero será una parte esencial del Plan de Reactivación Económica en el que está empeñado el Gobierno Nacional.
Carrasquilla, aseguró que el país ha logrado avances en cuanto a la cobertura y las posibilidades de acceso a los servicios financieros, y resaltó que es necesario seguir avanzado, especialmente en la inclusión financiera rural y en el uso de los productos creados por las entidades.
Ante los representantes de los bancos, el jefe de la cartera económica, aseguró que la meta es llegar al 100% en inclusión y el uso de los servicios financieros, gracias, principalmente al uso de la tecnología y un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado, para lo cual, afirmó, es necesario activar la Comisión Intersectorial.
“Esa es nuestra institucionalidad para discutir estos temas y en la medida en que vamos a estar profundizando en los puntos cruciales para la agenda del Gobierno, que incluyen muchos temas del sector financiero, ese va a ser el esce-
nario natural para llevar a cabo esos diálogos”.

Durante su intervención, el ministro aseguró que “se debe mitigar la regresividad del IVA con devoluciones a los hogares vulnerables” y explicó que gran parte de los subsidios y exenciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), terminan beneficiando a los sectores de ingresos más altos.
El ministro aseguró que, mientras un hogar pobre de la población ahorra en promedio 18 mil pesos por las exenciones del IVA, el ahorro en el decil más alto sería de unos 278 mil pesos. “Entonces tiene toda la lógica decir que uno puede devolverles recursos a los hogares de los deciles 1 y 2 y ese dinero lo saco del dinero que estarían pagando los hogares del decil 10”. También declaró, que hoy es posible hacer esos reembolsos a la población más vulnerable y resaltó que sería inequitativo no hacerlo cuando existe la información y la tecnología financiera necesaria para hacer de este un proceso exitoso.
Pacto por la vida y la protección de
los líderes sociales
 Foto: MinInterior
En la Mesa por la Protección de la Vida, convocada por la Procuraduría General de la Nación, en Apartadó, Antioquia, se expidió la declaración que busca construir un ejercicio de confianza en el que prevalezca el diálogo social como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, en pro de la garantía de los derechos fundamentales y la resolución pacífica de conflictos.
Con el fin de enfrentar la situación de estigmatización, persecución y asesinato de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, el Gobierno Nacional, los organismos de control y las organizaciones sociales, firmaron el documento que constituye la ruta de acción inmediata a dicha problemática y que además busca recomponer la confianza y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del fenómeno criminal.
Entre los compromisos mencionados en el Pacto, se integra el diseño participativo de una política de prevención y protección integral guiada por el Ministerio del Interior, además, el cumplimiento de los compromisos que abarcan la lucha contra la impunidad, justicia, reparación, no repetición y fortalecimiento institucional. El Gobierno Nacional, también deberá iniciar la modernización y el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de dar cumplimiento a las múltiples demandas de protección en los territorios para dar respuesta oportuna a
los requerimientos de los líderes y la comunidad.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación ratificó su compromiso en la lucha contra la impunidad y la promoción de la vigencia de los derechos humanos, el ente, reiteró su disposición investigativa, científica, logística y humana para perseguir y juzgar cualquier tipo de violencia que afecte a esta población. También, quedó plasmado en el acuerdo, que continuarán trabajando como prioridad, en el esclarecimiento de los crímenes relacionados con los defensores de los derechos humanos.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación, declaró que fortalecerá su labor de seguimiento preventivo a las políticas y programas de prevención y protección aumentando su acción en contra de la impunidad. El organismo de control, avanzará en la implementación de la Directiva 002 de protección de líderes sociales, llevando la Mesa por la Protección a la Vida a los territorios, quien será la veedora de la construcción de la Política Pública Integral de Protección a la Vida.
Finalmente, las organizaciones sociales se comprometieron a participar en procesos pedagógicos y campañas de sensibilización sobre la importancia del papel de los líderes sociales y las personas defensoras de los derechos humanos.
Centros Transitorios para adolescentes en Cundinamarca
Foto tomada de: ICBF
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció, en el marco del Tercer Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que pronto estarán en funcionamiento tres nuevos Centros Transitorios (CETRA) en los municipios de Zipaquirá, Girardot y Funza, para la atención de adolescentes en conflicto con la ley.
Con estos centros ya serían siete, junto al de Villeta, Fusagasugá, Facatativá y Soacha, los que se encuentran a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), con el objetivo de adelantar un proceso de carácter protector, educativo y restaurativo con los menores de edad infractores.
Estos centros son una demostración del esfuerzo y las acciones que se adelantan en favor de los jóvenes en conflicto con la ley, con el fin de desarrollar, fomentar sus proyectos de vida y posteriormente lograr
su vinculación a la sociedad y a la vida laboral.

Por otra parte, según estadísticas de la Policía, en el 2017, 18.021 menores fueron sorprendidos cuando cometían un delito. Esa cifra es un 10 por ciento inferior a la de 2016. Aunque son muchos los menores detenidos en flagrancia, son pocos los que realmente terminan en correccionales respondiendo ante el sistema. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), actualmente hay cerca de 3.893 jóvenes privados de su libertad en centros de reclusión para menores.
Los Centros Transitorios son lugares donde permanecen los adolescentes o jóvenes presuntamente autores de la comisión de delitos durante máximo las primeras 36 horas a partir del momento de su aprehensión, hasta que se defina su situación ante un Juez de Control de Garantías. Allí se les presta la atención requerida enmarcada en un proceso de justicia restaurativa.

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