Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2018.- Gracias a la denuncia penal que en mayo de 2016 formuló la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y con la coordinación de la fiscalía delegada ante el Tribunal de Cundinamarca, funcionarios del CTI capturaron en Barranquilla (Atlántico) a un ex juez laboral del circuito de esa ciudad y a tres abogados, que conformaban una red de corrupción que defraudó a esta entidad, a través de demandas de pensión de vejez de alto riesgo.
“Desde Colpensiones nos hemos empeñado en poner al descubierto a la delincuencia que pretende afectar los recursos públicos de los colombianos, y por eso en conjunto con la Fiscalía General de la Nación logramos poner al descubierto en Barranquilla, otro cartel de las pensiones, que desfalcó dineros de la Nación”, aseguró Diego José Ortega, vicepresidente de Seguridad y Riesgos de Colpensiones.
Los capturados fueron identificados como Juan Carlos Correa Olaya, que estaba encargado del juzgado 14 Laboral de Barranquilla y los abogados Maryori Sofía De la Hoz Peña, Zurita Viviana Galezzo Bolívar y José Ulises Torres Narváez, este último secretario de este mismo Juzgado 14 Laboral.
Los implicados presentaban unas demandas ordinarias laborales que pretendían modificar una pensión de vejez, que inicialmente se había reconocido por una que se denomina especial de alto riesgo, que le permitía al pensionado beneficiario un retroactivo millonario y un incremento de la mesada pensional.
“Los abogados se apropiaron de esos recursos que el juez 14 de Barranquilla ilegalmente embargó, secuestró y luego entregó a sus cómplices. Pero Colpensiones observó que el juez capturado tuvo un interés concreto de violar el ordenamiento jurídico con sus decisiones dentro de los procesos, aprovechando el poder de su investidura, para rápidamente afectar el patrimonio público”, comentó Ortega.
Por estos hechos, denunciados por Colpensiones, el ente acusador presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías quien avaló las capturas y a quienes les fueron imputados los cargos por los delitos de prevaricato, peculado y concierto para delinquir.
Según la investigación adelantada, la afectación patrimonial de este caso específico, asciende aproximadamente a los 3 mil millones de pesos.
Ortega fue contundente en señalar que “la investigación también ha llevado a pensar a la Fiscalía que no solo los delitos anteriores deben imputarse. En el curso de las investigaciones se encontró también que tres de los cuatro pensionados implicados, fueron asesinados presuntamente por la misma banda, para apropiarse de los recursos de sus pensiones”.
“En este proceso continuamos avanzando junto con las autoridades y entidades involucradas en la verificación de nuevos autores y por supuesto en lo que corresponde a Colpensiones, la recuperación de recursos que fueron desviados a través de esta maniobra fraudulenta”, comentó Ortega.
Desde Colpensiones y a través del Equipo de Transparencia e Integridad de Colpensiones, (Ético), la entidad seguirá identificando los diferentes casos de fraude que se presentan en el sistema pensional y aportando a la tarea realizada por todas las autoridades.
“El llamado es a toda la ciudadanía para que nos reporten los hechos constitutivos de fraude, para eso cuentan con la línea de atención nacional 018000518500 o en nuestra página web
www.colpensiones.gov.co en la pestaña antifraude”, puntualizó Ortega.
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