RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES, 8 DE NOVIEMBRE 2018

Fotografía: Transmilenio Operativo de la DIAN en el centro de Bogotá causa desmanes Noviembre 08 del 2018 Crédito: Agencia RedMedios   Un saldo de 5 articulados dañados y 4 estaciones de Transmilenio afectadas fue el resultado tras los enfrentamientos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y comerciantes de San Victorino. En el sector de San Victorino, centro de la ciudad, comerciantes y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) protagonizaron los altercados del pasado miércoles que generaron caos y pánico entre las personas del sector. Las estaciones de Transmilenio San Victorino, Av. Jiménez, Museo del Oro y San Diego fueron las más afectadas. Tras un operativo que adelantaba la DIAN para incautar mercancía de contrabando en el sector comercial de San Victorino, los comerciantes se opusieron a las acciones de las autoridades. El secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, confirmó que fueron 5 los articulados que resultaron afectados, además de 15 puertas de cuatro estaciones de Transmilenio. De igual manera, algunos locales alrededor de La Plaza de la Mariposa fueron vandalizados. Un agente resultó herido tras los disturbios que duraron más de tres horas y que dejó paralizado el transporte y el comercio en el sector. La empresa Transmilenio se manifestó en contra de los actos vandálicos y pidió a los ciudadanos respetar y cuidar el sistema que transporta a diario más de 2 millones de usuarios. Fotografía: Procuraduría Muerte política al exgobernador del Vichada Noviembre 08 del 2018 Crédito: Agencia RedMedios   La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años al exgobernador de Vichada, Sergio Andrés Espinosa Flórez (2012 – 2015), por las irregularidades en la construcción de la sede del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables de la Amazonía y Orinoquía, Ciner, obra que tuvo un costo superior a los 23 mil millones de pesos. Según el ministerio Público en la licitación convocada para la realización de la obra se incluyeron requisitos y condiciones que no permitieron la participación de multitud de oferentes, “sin justificación alguna, la Gobernación estableció que la experiencia en construcción de las empresas interesadas no podía acreditarse a partir de contratos diferentes a los obtenidos mediante una licitación o con obras de carácter privado, desconociendo que la experiencia de los ingenieros civiles o arquitectos se adquiere a partir de la aplicación de sus conocimientos en proyectos de construcción que pueden realizar tanto para entidades públicas como privadas”.  La Procuraduría sostiene que las exigencias no eran objetivas ni racionales e impidieron la participación de otros oferentes que contaban con más experiencia en cuanto a contratos con el Estado, “con su accionar, el entonces funcionario desconoció que en el sector público se pueden contratar obras mediante la figura de selección abreviada, en los casos donde se declara desierta una licitación, o de manera directa cuando se cumplen los requisitos para declarar la urgencia manifiesta. También ignoró que en el sector privado la invitación a licitar no es un procedimiento obligatorio”. El ministerio público aseguró que la decisión de Espinosa Flórez vulneró los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación, por lo que calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. El contrato para la construcción de la sede del Ciner fue firmado el 3 de octubre de 2013 con el Consorcio Ciner – Vichada, por un valor de $23.592.687.600, con un plazo de ejecución de 18 meses. Durante una auditoría pasada la Contraloría evidenció que el Centro de Formación e investigación en Energías Renovables no hizo la instalación de un grupo de celdas solares por lo que el proyecto terminó siendo una obra de infraestructura convertida en “biblioteca, auditorio y conjunto habitacional”. Fotografía: Alcaldía Bogotá Centro Democrático prepara candidatos a la alcaldía de Bogotá Crédito: Agencia RedMedios Los concejales por Bogotá Diego Molano y Angela Garzón, la senadora Paloma Valencia y el representante a la Cámara, Samuel Hoyos, son los precandidatos que hasta el momento representarían al Centro Democrático en las elecciones del 2019 para la alcaldía de Bogotá. El senador Álvaro Uribe, anunció las intenciones de estas cuatro personas de llegar a la alcaldía, y aseguró que “todos quieren mucho a la ciudad, tienen las mejores costumbres políticas, son muy estudiosos y quieren servir bien". Los cuatro concejales y congresistas participarían en un mecanismo de elección interna para determinar quién será el candidato del partido para la alcaldía de la capital. La metodología será similar a la que se usó para la escogencia de los entonces precandidatos a la presidencia de la República, Iván Duque, actual Presidente; Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta y Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos. Por otro lado, en la Colombia Humana se destaca Hollman Morris, quien se ha reiterado como opositor a la administración de Enrique Peñalosa; así mismo, Jorge Rojas, exsecretario de Integración Social en la alcaldía pasada, quien también acompañó a Gustavo Petro como coordinador político durante su aspiración presidencial. En el Partido Conservador quien suena es el exrepresentante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, recordado por ser el principal promotor de la revocatoria del exalcalde Gustavo Petro y quien en las elecciones pasadas se quemó como cabeza de la lista conservadora al Congreso de la República por el partido azul. Por su parte, Alianza Verde destaca algunos nombres, entre ellos, los exsenadores Claudia López y Antonio Navarro. El Partido Cambio Radical aún no ha tomado una decisión formal, sin embargo, el exsenador Carlos Fernando Galán tendría aspiraciones para llegar al Palacio Liévano. Las elecciones del año 2019 se adelantarán el próximo 27 de octubre en todo el país para elegir alcaldes y gobernadores. Buscan entregarle más herramientas sancionatorias a la Supersalud Noviembre 07 del 2018 Crédito: Agencia RedMedios   El partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley en el Senado de la República en el que pretende incorporar cambios en el modelo de vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Salud para que este organismo cuente con más herramientas sancionatorias. La iniciativa, que fue radicada por los senadores Álvaro Uribe Vélez y Honorio Henríquez, junto al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, pretende mejorar la capacidad sancionatoria por parte de la entidad y garantizar el derecho de la salud, teniendo en cuenta tres ejes fundamentales: el endurecimiento de medidas de control, la especialización y concentración de las funciones de la  Superintendencia y la adopción de facultades adicionales de vigilancia y control. Hasta el momento la medida tiene el consenso de todas las bancadas que hacen parte de la Comisión Séptima del Senado, cuyos integrantes son: Honorio Henríquez (Centro Democrático); Álvaro Uribe (Centro Democrático); Gabriel Velasco (Centro Democrático); Fabián Castillo (Cambio Radical); Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical);  Nadia Blel (Conservador); Juan Alberto Castilla (Polo); Laura Fortich (Liberal); Aydee Lizarazo (Mira); Manuel Palchucán (Autoridades Indígenas); Eduardo Pulgar (Partido de la U) y Victoria Sandino (Farc). De igual manera, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal aseguró que con el proyecto de ley será posible retirar gerentes o revisores fiscales de las empresas públicas y privadas que manejen la salud de los colombianos, así como inhabilitarlos por 15 años cuando hayan infringido la ley. Así mismo, el Superintendente explicó que “actualmente la máxima sanción que puede ejercer la Superintendencia de Salud llega hasta 2.500 salarios mínimos legales vigentes. En este proyecto de ley, la sanción pasa a 8 mil salarios mínimos legales vigentes para las personas jurídicas. En cuanto a las personas naturales, hoy en día, deben pagar una multa entre los  los 10 y los 100 salarios mínimos; con el proyecto pasaríamos a sanciones que van desde los 50 hasta los 1.000 salarios mínimos”. Finalmente, el funcionario expresó que de ser aprobada esta ley “habrá una multa sucesiva. Si nosotros damos una instrucción que no sea económica y no la cumplen, vamos a implementar multas sucesivas que podrían llegar hasta los 3 mil salarios mínimos, si es una entidad jurídica, y hasta los 300 salarios mínimos si es una persona natural”. “Es necesario brindarle herramientas que conduzcan a la prestación y a la garantía de la prestación de servicios de todos los colombianos”, concluyó, a su turno, el senador Henríquez. Esta iniciativa aún no cuenta con ponencia y comenzará su trámite a poco más de un mes para que se acabe el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República. ONU revela que halló 202 fosas comunes en Irak Crédito: Agencia RedMedios Las fosas comunes fueron encontradas entre las provincias de Ninewa, Kirkuk, Salah al-Din y Anbar, en el norte y el oeste de Irak, áreas que eran controladas por el grupo ISIS entre 2014 y 2017. Según un informe de la Misión de Asistencia de la ONU en Irak y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, podría haber muchas más fosas con los restos de miles de cuerpos. Además, destaca que los sitios podrían contener material forense que podría ayudar a identificar las víctimas y arrojar luz sobre el tamaño de los delitos cometidos. “Pese a las dificultades que entraña especificar el número total de personas en estas tumbas, el sitio más pequeño, en el oeste de Mosul, contenía los restos de ocho cuerpos, mientras que el más grande se cree que es el sumidero de Jasfa al sur de Mosul, que puede albergar miles”, señaló Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Así mismo, la vocera añadió que conseguir la verdad y la justicia “requieren la adecuada preservación, excavación y exhumación de las fosas comunes y la identificación de los restos de las numerosas víctimas y su devolución a las familias." El informe presentado por la ONU pide al Gobierno iraquí un registro público centralizado de personas desaparecidas y una Oficina Federal que se ocupe de este proceso, pues en la actualidad las familias que quieren recuperar los restos de sus familiares desaparecidos han de informar por separado a cinco entidades estatales. El documento también pide adoptar un enfoque multidisciplinar de las operaciones de recuperación con la participación de especialistas experimentados, como expertos en contaminación por armas y explosivos e investigadores en escenas de crímenes. Entre junio de 2014 y diciembre de 2017, ISIS se apoderó de grandes áreas de Irak y lideró, según el informe, "una campaña de violencia generalizada y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, actos que pueden equivaler a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y posibles genocidios".