SUSPENDEN ALCALDE CAPARRAPI- RUTA DE LA POLINAL Y CAPTURAS POR MEDICAMENTOS DE CONTRABANDO

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Boletín 002

 

11 personas capturadas por vender medicamento de contrabando

28 de agosto de 2018
Los frentes de investigación organizados por la Fiscalía General de la Nación y que están encargados de contrarrestar las diversas modalidades criminales que ponen en peligro la vida con el suministro de medicamentos falsos o de contrabando, permitieron detectar una organización dedicada a vender ilegalmente diversos productos, algunos de ellos restringidos en Colombia por sus consecuencias nocivas y que afectan la salud de los colombianos.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional, identificaron a cada uno de los integrantes de esta red señalada de manejar desde Cundinamarca, un mercado informal y clandestino de medicinas que, al parecer, ingresaban ilegalmente de Ecuador y otros países fronterizos, las cuales eran alteradas en sus registros y fechas de vencimiento, para ser distribuidas a menor precio entre usuarios del sistema de salud y comerciantes que las solicitaban a través de una página de internet.
Uno de los medicamentos ofrecidos por esta organización delincuencial y del que hay evidencia física suficiente, es conocido internacionalmente como Cytotec, un tratamiento utilizado inicialmente para pacientes con enfermedades gástricas que, posteriormente, fue retirado por el mismo laboratorio que lo fabrica por sus efectos abortivos y por ende, no tiene registro sanitario del Invima desde 2015.
En diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogotá, Soacha y Bojacá (Cundinamarca), fueron capturadas 11 personas que harían parte de esta estructura delincuencial.
Los 11 detenidos fueron presentados en audiencias de control de garantías y el fiscal de conocimiento les imputó algunos de los siguientes delitos:
  • Ilícita explotación comercial, por la presencia de medicamentos de uso institucional en las viviendas en las que se realizaron las capturas.
Foto: Kienyke.com
  • Usurpación marcaria.
  • Concierto para delinquir, en atención a la planeación hecha para la comercialización ilegal del Cytotec.
  • Corrupción de medicamentos.
  • Fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, porque el Cytotec sería vendido directamente como abortivo, con conocimiento de su prohibición, era original y traído desde Ecuador.
     
En las investigaciones, la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional establecieron que una cantidad importante de los productos que comercializaba esta red delincuencial, llegó de Ecuador, y se trata de establecer las maniobras ilícitas utilizadas para evadir los filtros fitosanitarios y de seguridad en los pasos fronterizos.
Otro grupo de medicamentos es nacional y de uso exclusivo de instituciones de salud, por lo que está restringida su venta; sin embargo, eran alteradas las envolturas y empaques para que pudieran salir al mercado.
De otra parte, hay elementos materiales probatorios que permiten tener claridad sobre la cadena comercial utilizada. Al parecer, los productos como el Cytotec eran vendidos por internet, las personas que los adquirían pagaban a través de reconocidas empresas de giros y la mercancía era enviada por servicio de encomienda a cualquier ciudad del país o entregada a domicilio en Bogotá, algunas veces en citas pactadas en portales y estaciones de Transmilenio.

Los 11 tomos que marcan la ruta de la Policía Nacional
Foto: www.policia.gov.co
La Policía Nacional de Colombia cuenta con una hoja de ruta para los próximos 100 días; otra, para los próximos 4 años, y una adicional a ejecutar hasta el año 2030.
Estas hojas de ruta son el resultado de alinear las directrices que en materia de seguridad, dictó el gobierno del presidente Iván Duque con el proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI), mediante el cual la Policía Nacional busca entregarle al país policías más humanos, íntegros, disciplinados, innovadores y efectivos en su gestión; policías más cercanos al ciudadano.
El proceso MTI propende por dar respuestas focalizadas a la comunidad, a través del programa T.GER+, Transformación de la Gestión bajo un Enfoque Regional y Local, al servicio del ciudadano, estrategia afín con la del Gobierno Nacional de trabajar desde las regiones, por las regiones y para las regiones.
Este Enfoque Estratégico para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana de la Policía Nacional, está compilado en 11 documentos que fueron socializados con el equipo de empalme del presidente Duque, presidido por el nuevo Alto Consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín Cotrino, y con el propio Primer Mandatario y el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto,
durante la Reunión de Directores y Comandantes de Unidades Policiales, efectuada el pasado 16 de agosto en Bogotá.

Para implementar el plan en Bogotá, el pasado miércoles, el presidente Duque dirigió un consejo de seguridad en la Sala Estratégica de la Dirección General de la Policía Nacional, del que también participaron el ministro Botero; el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía; el comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Eduardo Bueno; el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, y el general Nieto, entre otros.
El plan de choque ya dio los primeros resultados, entre los que se destacan las capturas de Juan Carlos Castro, alias ‘Pichi’, máximo cabecilla de la organización criminal ‘La Oficina’; y alias ‘Orejas’, señalado asesino de una niña de 2 años, prima del futbolista Teófilo Gutiérrez.
Finalmente, el general Nieto resalta la importancia de la cooperación ciudadana para avanzar en la consolidación de la seguridad ciudadana como prioridad nacional: “El éxito, tanto del plan de choque, como del Plan Estratégico Institucional, dependerá en gran medida del apoyo ciudadano”.
Procuraduría suspendió al alcalde de Caparrapí (Cundinamarca)
Foto: www.procuraduria.gov.co
La Procuraduría General de la Nación suspendió por dos meses al alcalde de Caparrapí, Cundinamarca, para el periodo 2016-2019, José Joaquín Sánchez Chávez, por irregularidades al contratar la construcción de viviendas de interés social para damnificados de desastres naturales, durante su mandato anterior (2008-2011).
Sánchez Chávez ordenó la apertura de una licitación por valor de $574.749.862 sin que hubiesen transcurrido 10 días hábiles entre la publicación del prepliego de condiciones y el acto administrativo de apertura, conforme lo establece el artículo 9° del Decreto 2474 de 2008. Además, el 26 de diciembre de 2011 celebró el contrato de obra 164 sin expedir previamente la resolución de su adjudicación que se produjo un día después de la fecha programada.
Con esta conducta el funcionario incumplió el cronograma del proceso licitatorio, desatendiendo el principio de transparencia que regula la contratación estatal, por cuanto infringió las disposiciones
legales contenidas en el numeral 8° del artículo 24 y el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, el artículo 9° y el numeral 3-a del artículo 12 del Decreto 2474 de 2008 y el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007.
Asimismo, desconoció lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que establece que "los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones (…)”, dado que la celebración del contrato y la adjudicación, se efectuaron en fechas distintas a las programadas en el cronograma.
En el fallo de segunda instancia, el Ministerio Público recordó que “la actividad contractual debe efectuarse de manera imparcial y objetiva, en igualdad de oportunidades y bajo el imperativo cumplimiento de las reglas, términos, plazos y condiciones previamente establecidos en los documentos que regulan el respectivo proceso de selección”.
La falta del disciplinado fue calificada como gravísima a título de culpa grav

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