16 de agosto de 2018
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al general Martín Fernando Nieto Nieto y a los coroneles Alexander Parga Rincón y John Ortiz Soto, por presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados en la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (RIMEC), por presunto peculado a favor de terceros, malversación de recursos y falta a la verdad en la rendición de cuentas e informes.
El ente de control avanza en la investigación sobre la presunta adquisición de equipos de inteligencia, conocidos como “piñas”, que habrían sido destinados a la interceptación de comunicaciones de dirigentes políticos y sociales.
El 30 de marzo y el 3 de diciembre de 2017 la Procuraduría le formuló dos cargos al mayor general Martín Fernando Nieto Nieto, comandante del CCONI.
El primer de ellos por presunta negligencia en el control y manejo administrativo de la RIMEC, lo que habría permitido que personal adscrito a la unidad hiciera uso indebido de los dineros del rubro de gastos reservados, realizando múltiples pagos, algunos de ellos a un mismo informante, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos y bajo la denominación de operaciones de inteligencia. Y el segundo cargo, el general Nieto Nieto deberá responder por presuntamente faltar a la verdad en las certificaciones de pago a fuentes humanas hechas el 15 de febrero, 10 de marzo, 11, 17, 26 y 27 de mayo de 2017, porque el valor registrado no correspondería a lo que realmente se entregó.
La Procuraduría en ninguna de las actas de pago encontró identificación o alias de la presunta fuente, firma o huella, ni tampoco referencia al Comité de Pagos en que se dio la orden de aprobación.
Así mismo, al teniente coronel Alexander Parga Rincón se le formularon dos cargos, al parecer, habría incurrido en el delito de peculado por apropiación de los recursos asignados al rubro de gastos reservados a favor de terceros, también, deberá explicar por qué entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2017 habría suscrito actas de pago de información que, al parecer, no consignaban el valor real entregado a la fuente humana.
Finalmente, el coronel John Ortiz Soto deberá responder al cargo de presunta comisión del delito de peculado por apropiación de los recursos asignados al rubro gastos reservados a favor de terceros y además deberá explicar porqué entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2017 habría coordinado para que los dineros del llamado “ahorro operacional” fueran utilizados en la compra de elementos, sufragar gastos de capacitaciones, patrocinar viajes al exterior y adquirir bienes para desplegar labores de inteligencia.
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