NOTICIAS DE LA CAMARA DE REPRESETANTE: ICETEX-JEP-DOÑA JUANA Y OTRAS
El lunes día crucial para la JEP
23 Noviembre 2017
Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.
Con la aprobación de 65 artículos se levantó la sesión en la Cámara de Representantes en donde se discute el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La iniciativa, que compite contra el reloj, ya que el 30 de noviembre vence el fast track, tuvo un episodio sorpresivo, cuando el presidente de la Corporación, Rodrigo Lara, determinó levantar la sesión porque, según él, “le quisieron hacer un gol”.
En su explicación, dijo el Representante que la subcomisión designada para estudiar las cerca de 300 proposiciones, acordó que el artículo 101, que trata sobre los requisitos de magistrados de la JEP, fuera discutido de manera individual, pero que apareció en un bloque de 100 que sería votado a pupitrazo.
“Eso yo no lo podía permitir porque es un tema de mucha discusión y hubiera sido una falta de lealtad con el Congreso, con la plenaria y, sobre todo, con los colombianos”, recalcó Lara.
Y es que la Mesa Directiva y la ponencia, avalados por la subcomisión, acordaron dejar para lo último la discusión de nueve artículos que consideran sensibles y de alto calibre para analizarlos, entre ellos, “los que tienen que ver con la competencia personal, material, la persecución de activos de las Farc y el control de los jueces “, reiteró el Presidente.
Pese al revés, Lara confió en que el lunes se pueda evacuar la iniciativa, considerada la columna vertebral del Acuerdo de Paz.
En igual sentido se pronunció el representante Hernán Penagos, quien entregó un informe de la tarea realizada por la subcomisión en el análisis de las proposiciones al articulado.
En su exposición, el Congresista explicó que se negaron 260 proposiciones, aproximadamente, porque eran repetitivas de normas ya establecidas o porque eran violatorias de la Constitución.
Informó Penagos que la complejidad de artículos como las inhabilidades de los magistrados de la JEP, el fuero constitucional y los castigos para los que hayan cometido delitos sexuales con menores de edad, entre otros, son temas que merecen una discusión más exhaustiva y detallada y por eso decidieron votarlos uno a uno, sin embargo, “esto no se pudo porque el quórum era precario”.
Al término del debate, el ministro del interior, Guillermo Rivera, aclaró que todo se debió a un error de digitación pero que no se puede pensar en que se actuó de mala fe. Rivera también aclaró que el régimen de inhabilidades no hace parte del artículo101, que trata de impedimentos y recusaciones e insistió “en que las inhabilidades deben hacer parte de otro proyecto ya que la ponencia no trae este régimen”.
El Ministro confió en que el próximo lunes 27 de noviembre, la Plenaria de la Cámara saque a flote la aprobación del proyecto y así la conciliación del texto pueda ser evacuada antes del 30 de noviembre, fecha que se pone punto final al fast track.
Comisión Séptima abre discusión sobre reajuste del salario mínimo 2018
23 Noviembre 2017
Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.
Este próximo 5 de diciembre comienza la discusión para evaluar el salario mínimo mensual, donde las centrales obreras y representantes del Gobierno esperan llegar a un acuerdo para definir cuál debe ser el aumento para los colombianos.
Centrales obreras esperan un incremento entre el 10 y el 12 por ciento, mientras los empresarios estarían considerando un aumento cercano al 4.1 %.
Sobre esta temática, representantes de la Comisión Séptima manifestaron su posición. Mientras unos esperan un incremento digno que colme las expectativas del trabajador, otros manifiestan su preocupación con un aumento que pueda afectar el déficit fiscal de nuestro país.
Al respecto, la representante Argenis Velásquez Ramírez del partido Liberal afirmó que, “cada día en Colombia los artículos y la vida es más costosa y el salario mínimo real que se ganan los colombianos es un salario muy bajo. Es muy difícil poder sostenerse con un salario de esos”.
La Representantes indicó que “nosotros desde el Congreso de la República vamos a estar muy pendientes y por supuesto vamos a estar apoyando a los colombianos, siempre y cuando también no vaya en un déficit fiscal que vaya afectar esta situación, pero sí queremos que sea un salario mínimo digno, justo, de tal manera que los colombianos puedan vivir cómodamente”.
Por su parte, el representante del partido liberal Rafael Romero, señaló que se debe incentivar al trabajador colombiano, brindándole un gran aumento para el 2018.
“Subámosle al salario mínimo, ahora con una cifra también razonable para que no genere mayor inflación y no genere otros efectos en la economía, y miramos a ver si la economía se dinamiza, porque este país tiene una capacidad de consumo grande y hay que aprovecharla”, precisó Romero.
Entre tanto, el congresista del Partido de la U, Didier Burgos, indicó que ya es hora que empresarios y trabajadores lleguen a un acuerdo sensato, para evitar un salario por decreto.
“Lo que uno esperaría es que esta vez se pongan de acuerdo, que esta vez todo mundo sea sensato, tanto los empleadores como los trabajadores, porque en medio de eso, está un ingreso digno para el trabajador”, expresó el Congresista.
Agregó Burgos, que “en ese escenario uno esperaría que todos se sientan a la mesa, no como enemigos, sino como ciudadanos que tienen una responsabilidad tanto de generar empleo”.
Finalmente, el representante de las autoridades indígenas de Colombia, Germán Bernardo Carlosama, dijo que espera que el salario para el 2018 esté por encima de la inflación.
Asimismo, Carlosama manifestó su inconformismo frente a la propuesta de Luis Arango y Luz Flórez, investigadores del Banco de la República, que proponen que las ciudades más productivas tengan un salario mínimo superior al de otras con un índice inferior.
“Rechazamos de plano la propuesta de algunas organizaciones en el sentido de establecer un salario mínimo proporcional al desarrollo de cada una de las regiones. El estado como tal no ha garantizado el acceso a los servicios básicos insatisfechos en unas zonas donde hay pobreza extrema”, enfatizó.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo indicó que el cronograma de la negociación que comienza el próximo 5 de diciembre donde se evaluarán aspectos como la productividad y la inflación, temas que para los expertos son complejos en materia económica por cuenta de la Reforma Tributaria, que afectó al comercio de nuestro país.
Representantes piden soluciones por impacto de Relleno Doña Juana
23 Noviembre 2017
Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.
Una intervención de fondo que solucione los impactos que genera el Relleno Doña Juana en la comunidad del barrio Mochuelo Alto, pidieron un grupo de representantes a la Cámara por Bogotá en audiencia pública realizada en la localidad de Ciudad Bolívar.
Los congresistas que escucharon y vivieron de primera mano la situación que enfrenta esta población, lamentaron la ausencia de los funcionarios del Distrito invitados a la audiencia.
“Todos los bogotanos estamos sintiendo más conciencia de la gravedad del problema en Doña Juana, e insistir que esto necesita una solución pronta y lo mínimo que debe hacer el Gobierno Nacional, y lo mínimo que debe hacer la directora de la Uaesp y el alcalde Enrique Peñalosa, es venir a charlar con la comunidad y entender la gravedad del problema”, dijo el representante del Partido Verde, Inti Asprilla.
Por su parte, habitantes del sector insistieron que han sido abandonados por las autoridades competentes y manifestaron que son lamentables las condiciones que atraviesan.
Gloria Bejarano Agudelo, profesora de uno de los colegios de la zona, sostuvo que los niños padecen enfermedades a causa de los malos olores que produce el relleno.
“Muchos niños me están llegando con incapacidades, tienen dolor de garganta, dolor de cabeza. Los niños tienen que colocarse tapabocas en las clases, entonces es muy difícil”, precisó la docente.
Otros afectados como el tecnólogo industrial Juan Carlos Tobos, indicó que la Alcaldía Mayor debería buscar otras soluciones como la búsqueda de nuevas tecnologías para procesar las basuras.
“Ya la basura no se debe enterrar, la basura hay que reutilizarla, incluso producir energía con ella, utilizando tecnologías como en muchas partes del mundo, incluso acá en el país ya están desarrolladas”, explicó.
A su vez, el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, dijo que hay que analizar con lupa la ampliación de la operación del relleno hasta el 2070. “La Alcaldía está haciendo una licitación para contratar nuevamente las basuras. Lo que va hacer es quitarle el servicio de basuras a una empresa del Distrito que tiene más del 50 por ciento del manejo de las basuras y se la va a entregar a los privados un contrato por ocho años para que sigan enterrando la basura. Lo que piensan es extender este botadero hasta el área que queda al otro lado del Mochuelo Alto”, anotó Uribe.
El Distrito espera adelantar la fase cuatro del relleno para lo cual se necesitarían 330 hectáreas, de las cuales 130 serían para disposición final de residuos y otras 200 para la zona de amortiguación.
Son 100 mil familias del barrio Mochuelo Alto las afectadas por el Relleno Doña Juana.
“Preocupa que acceso a créditos y becas de Icetex sean sólo para programas e instituciones acreditadas”
23 Noviembre 2017
Fuente: Oficina de prensa representante Martha Villalba
Así lo dio a conocer la congresista atlanticense, luego de explicar que en el artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, (Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018, esté contemplado que hasta el año entrante sólo las universidades y los programas acreditados en alta calidad podrán ser objeto de beneficios de becas o de créditos Icetex.
Ante tal situación, la representante radicó el proyecto de ley 095 de 2017, ‘Por medio del cual se establece una medida transitoria para la continuidad del servicio de educación superior en el país’, que ya surtió su primer debate en la Comisión Sexta de Cámara y que busca adicionar un parágrafo transitorio al artículo 61 del PND.
Lo anterior, según la legisladora, para garantizar el acceso y la cobertura a la educación de toda la ciudadanía y que se puedan seguir otorgando becas y créditos –por parte del Icetex- para cursar programas académicos de educación superior que no cuenten con acreditación o programas en instituciones de educación superior no acreditadas institucionalmente.
“Este es un proyecto que requiere un trámite urgente y que lastimosamente no pudo ser aprobado esta semana en la plenaria, en su segundo debate, por el tema del proyecto de Contratación Estatal y por el debate y votación de la JEP. Sin embargo, hago un llamado a todos los congresistas para que vean la importancia de esta iniciativa que requiere de un trámite urgente porque, de no aprobarse lo antes posible traería graves consecuencias para la educación superior de nuestro país y afectaría, principalmente, a los ciudadanos que vienen cursando sus estudios actualmente en universidades o programas que no están acreditados”, dijo la congresista.
Así mismo, explicó que el proyecto propone conceder un mayor plazo (cinco años), para condicionar los créditos educativos y becas financiadas por esta entidad, solamente a la oferta educativa acreditada.
“Ampliando el plazo vamos a lograr que las Instituciones y programas de Educación Superior que hoy no cuentan con un reconocimiento en alta calidad, continúen en su proceso de acreditación. Nosotros no podemos entrar a juzgar a las universidades que no estén acreditadas y tampoco sus programas, porque el hecho de que no lo estén no significa
que presten un mal servicio. Hay que reconocer que estas vienen haciendo su trabajo y una gestión importante para lograr acreditarse”.
Además, Villalba señaló que “las instituciones no acreditadas tienen mayor alcance y cobertura en el territorio nacional. Hoy día, la oferta acreditada aún es ausente en muchos territorios o regiones del país que incluso son apartadas o de difícil acceso”.
“Son nuestros jóvenes los que tienen grandes inconvenientes en los distintos departamentos de Colombia para poder acceder a la educación superior. Vemos con preocupación que esta restricción, tal y como está contemplada actualmente en el PND, va en contravía del principio de equidad y les impide beneficiarse de este apoyo estatal para acceder al servicio educativo como sí lo podrían hacer los demás colombianos que estén en zonas que cuentan con una amplia oferta educativa acreditada”.
Finalmente, la legisladora expresó que a la fecha más de 12 de departamentos de Colombia no cuentan con universidades o con programas acreditados y que la mayoría de programas e instituciones de educación superior que cuentan con acreditación se ubican en las principales ciudades.|
Ante tal situación, la representante radicó el proyecto de ley 095 de 2017, ‘Por medio del cual se establece una medida transitoria para la continuidad del servicio de educación superior en el país’, que ya surtió su primer debate en la Comisión Sexta de Cámara y que busca adicionar un parágrafo transitorio al artículo 61 del PND.
Lo anterior, según la legisladora, para garantizar el acceso y la cobertura a la educación de toda la ciudadanía y que se puedan seguir otorgando becas y créditos –por parte del Icetex- para cursar programas académicos de educación superior que no cuenten con acreditación o programas en instituciones de educación superior no acreditadas institucionalmente.
“Este es un proyecto que requiere un trámite urgente y que lastimosamente no pudo ser aprobado esta semana en la plenaria, en su segundo debate, por el tema del proyecto de Contratación Estatal y por el debate y votación de la JEP. Sin embargo, hago un llamado a todos los congresistas para que vean la importancia de esta iniciativa que requiere de un trámite urgente porque, de no aprobarse lo antes posible traería graves consecuencias para la educación superior de nuestro país y afectaría, principalmente, a los ciudadanos que vienen cursando sus estudios actualmente en universidades o programas que no están acreditados”, dijo la congresista.
Así mismo, explicó que el proyecto propone conceder un mayor plazo (cinco años), para condicionar los créditos educativos y becas financiadas por esta entidad, solamente a la oferta educativa acreditada.
“Ampliando el plazo vamos a lograr que las Instituciones y programas de Educación Superior que hoy no cuentan con un reconocimiento en alta calidad, continúen en su proceso de acreditación. Nosotros no podemos entrar a juzgar a las universidades que no estén acreditadas y tampoco sus programas, porque el hecho de que no lo estén no significa
que presten un mal servicio. Hay que reconocer que estas vienen haciendo su trabajo y una gestión importante para lograr acreditarse”.
Además, Villalba señaló que “las instituciones no acreditadas tienen mayor alcance y cobertura en el territorio nacional. Hoy día, la oferta acreditada aún es ausente en muchos territorios o regiones del país que incluso son apartadas o de difícil acceso”.
“Son nuestros jóvenes los que tienen grandes inconvenientes en los distintos departamentos de Colombia para poder acceder a la educación superior. Vemos con preocupación que esta restricción, tal y como está contemplada actualmente en el PND, va en contravía del principio de equidad y les impide beneficiarse de este apoyo estatal para acceder al servicio educativo como sí lo podrían hacer los demás colombianos que estén en zonas que cuentan con una amplia oferta educativa acreditada”.
Finalmente, la legisladora expresó que a la fecha más de 12 de departamentos de Colombia no cuentan con universidades o con programas acreditados y que la mayoría de programas e instituciones de educación superior que cuentan con acreditación se ubican en las principales ciudades.|
Corruptos que se apropien de los recursos de la alimentación de los niños tendrían penas más severas
23 Noviembre 2017
Fuente: Oficina de Prensa Representante Harry González
Iniciativa busca modificar el Código Penal
Por estos días en el que el tema de la corrupción desborda todos los límites en Colombia, un proyecto de Ley se abre paso en el Congreso de la República para minimizar este flagelo que carcome a la institucionalidad del país.
Se trata de una iniciativa que busca endurecer las penas para los corruptos que se apropien de los recursos públicos dedicados a la niñez y específicamente lo que tiene relación a los temas de la alimentación infantil.
La iniciativa pretende castigar con penas más altas a quienes incurran en el delito de peculado, cuando los dineros estén destinados a programas de seguridad alimentaria.
Se trata de una iniciativa que busca endurecer las penas para los corruptos que se apropien de los recursos públicos dedicados a la niñez y específicamente lo que tiene relación a los temas de la alimentación infantil.
La iniciativa pretende castigar con penas más altas a quienes incurran en el delito de peculado, cuando los dineros estén destinados a programas de seguridad alimentaria.
La normatividad actual establece penas entre los 6 y los 10 años para este delito. El nuevo proyecto contempla que los corruptos que cometan este delito pagarían penas entre los 9 y 15 años.
De acuerdo al Representante Harry González, quien es uno de los autores de la iniciativa “no es justo que sean nuestros niños quienes terminen pagando los platos rotos de las actitudes irresponsables de los corruptos que les roban los recursos destinados para su seguridad alimentaria, por eso este proyecto hará justicia”.
De acuerdo al Representante Harry González, quien es uno de los autores de la iniciativa “no es justo que sean nuestros niños quienes terminen pagando los platos rotos de las actitudes irresponsables de los corruptos que les roban los recursos destinados para su seguridad alimentaria, por eso este proyecto hará justicia”.
El proyecto adiciona un artículo a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 401A. Circunstancia de agravación punitiva: La pena para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán hasta la mitad, cuando los bienes sobre los que recaiga la conducta estén destinados a adelantar, ejecutar o investigar, programas de seguridad alimentaria.
Artículo 401A. Circunstancia de agravación punitiva: La pena para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán hasta la mitad, cuando los bienes sobre los que recaiga la conducta estén destinados a adelantar, ejecutar o investigar, programas de seguridad alimentaria.
Conmemoración del primer aniversario del acuerdo del Teatro Colón
23 Noviembre 2017
Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.
El Congreso Nacional de Paz; el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia; las comisiones de paz del Congreso de la República; diversas organizaciones de la sociedad civil, líderes y defensores de derechos humanos se reunirán este viernes 24 de noviembre para conmemorar el primer año de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, un hecho histórico que cerró una guerra centenaria y ha preservado la vida de más de tres mil personas en el último año y exigir un mayor compromiso de todos los sectores con su implementación.
Agenda viernes 24 de noviembre de 2017
Teatro Colón
#LaPazElÚnicoCamino
7:00 am - 8:45 am
Registro e ingreso de asistentes
8:45 am - 8:50 am
Cierre de puertas para el público
8:50 am
Recibimiento de la sociedad civil al Presidente de la República
9:00 am - 9:05am
Inicio del evento
9:05 am -9:08 am
Himno Nacional de la República de Colombia
9:08 am - 9:12 am
Video de la sociedad civil
9:12 am - 9:35 am
Intervención del Presidente de la República
9:35 am -9:38 am
Despedida del Presidente de la República
9:38 am - 9:45 am
Acto artístico
9:45 am - 9:55 am
Palabras de la sociedad civil
9:55 am - 10:15 am
Palabras de la FARC
10:15 am - 10:28 am
Palabras del Padre Francisco de Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad
10:28 am - 10:40 am
Palabras de Patricia Linares, Presidenta del Tribunal de Justicia Especial Para la Paz
10:40 am - 11:00 am
Salida del Teatro Colón
11:00 am
Inicio de la programación en la Plaza de Bolívar
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